La Unión de Libertades Civiles del Norte de California (ACLU por sus siglas en inglés) introdujo una demanda el martes luego de que en julio del año pasado, 9 mujeres fueron transportadas de un centro de detención a otro en una furgoneta sin ventanas, sin comida y sin agua.
En la demanda, ACLU exige que se hagan públicos la información sobre los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas y su contrato con G4S Secure Solutions, la compañía proveedora de servicios de transporte para detenidos.
La ACLU dijo que las nueve mujeres pasaron más de 24 horas siendo trasladadas del Centro de Detención del Oeste del Condado de Richmond al Centro de Procesamiento de ICE de Mesa Verde en Bakersfield.
Floricel Liborio Ramos, de 38 años de edad, era una de las detenidas que fue trasladada.
Ramos relató que iban "sentadas y encadenadas en la parte trasera de una camioneta caliente, me preparé mentalmente para morir", afirmó.
La mujer escribió que ella y otras mujeres fueron llevadas desde Richmond a la oficina de ICE en San Francisco donde esperaron durante varias horas en una habitación fría con bancos de metal. Ella dijo que las mujeres fueron luego trasladadas a Gilroy.
Dos camionetas blancas sin ventanas que "parecían usadas para animales" las esperaban, una para hombres y otra para mujeres.
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"Estas mujeres fueron tratadas como carga, sin tener en cuenta su salud, seguridad o derechos humanos", dijo Vasudha Talla, abogada de la Fundación ACLU del Norte de California.
"El Gobierno Federal debe cumplir con la Constitución de los EEUU., que garantiza los derechos básicos a todos en este país", dijo Talla.
Por su parte, Richard Rocha, vocero de ICE en la región del norte de California, dijo a NBC Bay Area que ICE no comenta sobre un litigio pendiente. "ICE ofrece condiciones seguras y humanas para todos los individuos bajo nuestra custodia y se adhiere a rigurosas normas nacionales con respecto a la transferencia de detenidos", dijo en un comunicado.
G4S Secure Solutions no respondió a una solicitud de comentarios en el momento de la publicación.
La demanda de ACLU se produce el mismo día en que el Departamento del Alguacil del Condado de Contra Costa anunció que está terminando su contrato con ICE para alojar a los inmigrantes detenidos en la misma instalación de Richmond. ICE le paga al Condado de Contra Costa 6 millones de dólares por año para encarcelar hasta 200 personas por día que se cree que viven ilegalmente en los Estados Unidos, según el Alguacil del condado.
