Un juez federal desestimó el lunes la demanda presentada por los padres de Kate Steinle después de su muerte en un muelle de San Francisco en 2015 en un caso que provocó un debate nacional sobre las políticas de las ciudades santuario.
Jim Steinle y Elizabeth Sullivan demandaron al gobierno de los Estados Unidos por emplear a un guardabosques que dejó la pistola usada en el crimen dentro de un vehículo en una calle del centro de San Francisco en junio de 2015. El arma terminó en manos de José García Zárate, quien fue acusado de la muerte de Steinle cuando el arma se le disparó mientras ella caminaba con su padre en el muelle 14.
En la decisión del lunes, el San Francisco Chronicle informó que el guardabosques John Woychowski y su empleador, la Oficina de Administración de Tierras de EEUU, pudieron haber sido negligentes al dejar la pistola en una mochila en el lado del pasajero de su SUV privado, el magistrado jefe de los EEUU, Joseph Spero escribió. Pero Spero dijo que había pasado demasiado tiempo y que muchos eventos habían intervenido antes de que ocurriera el asesinato varios días después. Señaló que tampoco había evidencia de que García Zárate hubiese robado el arma.
García Zárate, que vivía ilegalmente en los Estados Unidos, había sido deportado cinco veces a su México natal y acababa de pasar 46 meses en una prisión federal por reingreso ilegal cuando funcionarios federales lo entregaron a San Francisco en marzo de 2015 para enfrentar un cargo anterior por posesión de marihuana. La ciudad lo liberó bajo su política de ciudad santuario.
Zárate negó haber disparado intencionalmente el arma, diciendo que la encontró envuelta en una toalla y la dejó caer cuando se disparó. Un jurado de San Francisco absolvió a García Zárate de cargos de asesinato y asalto y lo condenó solo por ser un delincuente en posesión de un arma. Un tribunal estatal de apelaciones revocó la condena.
García Zárate, de 46 años, que permanece bajo custodia, aún enfrenta cargos federales de delincuente e inmigrante indocumentado en posesión de un arma y municiones.
Los padres de Steinle también demandaron a la ciudad por daños y perjuicios. Pero Spero desestimó esos reclamos en 2017, diciendo que no había evidencia previa de que García Zárate fuera peligroso y que la ley federal no exigía que la ciudad informara al gobierno antes de ser liberado bajo la política de santuario de la ciudad de San Francisco.
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Alison Cordova, abogada de los padres de Steinle, dijo que apelarían el fallo.
