Este martes se presentaron nuevamente en corte los nueve acusados de traficar personas para explotarlas sexualmente en el condado Santa Clara.
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Aunque la corte había concedido permiso a los medios de comunicación de grabar, a petición de los abogados que representan a los sospechosos, la jueza concedió que no se mostraran públicamente los rostros de los acusados en la audiencia de hoy.
Abogados defensores de dos de los acusados dijeron no estar de acuerdo con que la fiscalía haya compartido detalles de este caso públicamente, por lo que pedirán que el litigio se siga en la corte de otro condado como Sacramento o Los Ángeles.
“Vamos a cambiar el caso a otro lugar que sea más apropiado, que no tenga la publicidad que tiene aquí, que es publicidad incriminante que no ha sido presentada en corte”, explicó Arturo Hernández, abogado defensor.
“Este es un caso que debemos decidir en la corte y no por el público, no en la prensa, no en la media”, indicó Curtis Rodríguez, abogado defensor.
Esta es la segunda aparición en corte de estas nueve personas identificadas como: Michel Andreiw Ayala Valdivieso, Angela Pinzon, Jairo Cárdenas Fonseca, Gladis Celis, Juan Sebastián Mora Murillo, Kristhian Ortiz Celis, Jair Hernando Ortiz Salinas, Stella Salinas Peña y Alexander López Machado.
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Los sospechosos, enfrentan más de 50 cargos y de acuerdo con la fiscalía desempeñaban varias funciones incluidas: llevar celulares con números de teléfonos de Estados Unidos a Colombia, transportar trabajadoras sexuales a hoteles en San José, Hayward, San Leandro y Gilroy, así como recibir dinero del comercio sexual.
Autoridades rescataron a 18 personas, a quienes aseguran, los traficantes las mantenían trabajando en hoteles los siete días de la semana, no se les permitía salir de las habitaciones sin permiso, y las amenazaban con hacerle daño a sus familias si intentaban escapar.
Perla Flores es la directora del Programa de Violencia Doméstica y Trata de Personas en Community Solutions, una organización del condado Santa Clara que ayuda a víctimas.
“Vivienda, comida, acceso a comunicación con familiares, si hay alguna cuestión de salud médica o salud mental, esos son los primeros enfoques después de un operativo”, explicó Flores.
Esta organización tiene una línea de ayuda anónima (877) 363-7238 donde cualquier persona pedir recursos sin importar su estatus migratorio.
“Y también se les puede poner en contacto con algún abogado de migración confidencial y gratuito”, afirmó Flores.
Las victimas rescatas en el condado Santa Clara fueron reclutadas en Suramérica y también localmente, según indicaron las autoridades.
La mayoría de los acusados volverán a corte el 30 de noviembre para que se determine su fianza.
A petición de uno de los abogados, la jueza hoy disminuyó la fianza sugerida para uno de los acusados que tiene 18 años de $500,000 a $200,000.
