
En Oakland, el Fiscal General de California, Rob Bonta, se une a una coalición de 21 fiscales generales para respaldar una apelación del gobierno federal contra una medida cautelar que limita su comunicación con plataformas de medios sociales sobre prácticas y decisiones de moderación de contenidos.
El Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Luisiana emitió la medida cautelar el 4 de julio de 2023, que prohíbe a la Oficina Federal de Investigación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Director General de Salud Pública de los Estados Unidos y otros organismos y funcionarios federales interactuar con empresas de medios sociales sobre publicaciones y contenidos que puedan ser considerados falsos, engañosos o perjudiciales.
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En el caso de Missouri contra Biden, actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de los Estados Unidos, el Fiscal General Bonta expresó su preocupación por la restricción a la libertad de expresión impuesta por la medida cautelar.
Afirmó "que esta medida coarta gravemente el flujo de información pública y limita el intercambio de puntos de vista del gobierno federal sobre asuntos de vital importancia pública" Los fiscales generales que presentaron un escrito de amicus curiae en apoyo de la apelación argumentan que los gobiernos estatales comparten regularmente su experiencia con empresas de medios sociales para proteger la seguridad pública y los intereses de los consumidores.
Estos esfuerzos, según destacaron, ayudan a las empresas privadas a tomar decisiones informadas sobre la moderación de contenidos y salvaguardar el interés público.
El intercambio de información entre gobiernos estatales y empresas de medios sociales ha tenido impactos positivos en el pasado.
Por ejemplo, la colaboración llevó a Meta a decidir no lanzar una versión de Instagram para menores de 13 años, y ayudó a Twitch a identificar y eliminar contenidos nocivos, incluyendo grabaciones de vídeo en vivo de un tiroteo masivo en un supermercado en Buffalo, Nueva York, motivado por razones raciales.
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En un esfuerzo conjunto, los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Wisconsin se unen a la iniciativa liderada por el Fiscal General Bonta para respaldar la apelación del gobierno federal en este caso.