Estados intentarán querellas contra censo del 2020

Varios estados demandarán al gobierno ante la pregunta sobre ciudadanía.

WASHINGTON — Nueva York encabezará una coalición de estados que demandarán al gobierno del presidente Donald Trump por la decisión de incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020, una decisión que de inmediato suscitó denuncias de que intimidará a los inmigrantes y los desalentará de responder, se anunció el martes.

El recuento de población que se realiza cada 10 años es un requisito constitucional. Se lo utiliza para determinar la cantidad de bancas de cada estado en la Cámara de Representantes y la asignación de fondos a cada entidad. Ayuda a las comunidades locales a determinar dónde construir escuelas y toda clase de instalaciones.

La Casa Blanca respondió diciendo que la decisión no se tomó desde la presidencia. La portavoz Sarah Sanders indicó que la Casa Blanca “apoya” la medida, pero la decisión se “tomó a nivel departamental”.

El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, demócrata, denunció el martes que ese tipo de pregunta podría sembrar el miedo entre los inmigrantes, inhibirlos de responder y por lo tanto tergiversar el número de habitantes registrados en el conteo demográfico.

La coalición también incluirá a Nueva Jersey, Massachusetts y California.

Schneiderman dijo que la decisión de incluir la pregunta sobre nacionalidad “es un atentado directo” contra aquellos estados que cuentan con grandes comunidades de inmigrantes.

Horas antes el secretario de Justicia de California, Xavier Becerra, había dicho que el estado demandará al gobierno por esa decisión.

“Estamos preparados para hacer lo necesario para proteger a California de un censo deficiente”, dijo Becerra. “Incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020 no solo es una mala idea: es ilegal”.

Una coalición de secretarios de Justicia estatales exhortó al Departamento de Comercio a no incluir esa pregunta porque podría desalentar la participación de inmigrantes y provocar un recuento erróneo de la población.

La jefa del bloque demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, dijo que la pregunta “provocará miedo y desconfianza en comunidades vulnerables. Las comunidades tradicionalmente sujetas a recuentos insuficientes sufrirán una subrepresentación, exclusión financiera y retraso aún mayor”.

El Departamento de Comercio dijo el lunes que los datos de ciudadanía ayudarán a la justicia a aplicar la ley del derecho al voto, que protege los derechos de las minorías. Dijo que entre 1820 y 1950, casi todos los censos incluían algún tipo de pregunta sobre la ciudadanía.

El censo se realiza por correo y por trabajadores que van de casa en casa. La Oficina del Censo dijo que en el recuento de 2010, el 74% de los hogares envió los formularios por correo y el resto lo respondió a los trabajadores a domicilio.

El secretario de estado de Massachusetts William Galvin, demócrata, dijo a The Associated Press que su estado probablemente será parte de la demanda, calificando la decisión como un intento de los republicanos de suprimir el conteo de habitantes en estados con nutridas comunidades de inmigrantes.

“La Constitución establece que hay que contar a todos los que están viviendo en Estados Unidos, no a todos los ciudadanos”, declaró Galvin.

Desde hace algún tiempo los demócratas sospechaban que esa decisión estaba en ciernes. Han convocado a numerosas conferencias de prensa para denunciarlo y en varias interpelaciones en el Congreso, le increparon sobre el tema al secretario de Comercio, Wilbur Ross.

La representante Carolyn Maloney, demócrata por Nueva York, propuso una ley que le prohibiría al secretario de Comercio hacerle modificaciones al censo sin que hayan sido sometidas a pruebas por lo menos con tres años de anticipación. La propuesta cuenta con nueve copatrocinadores demócratas, pero ningún republicano, lo que es mal augurio para la iniciativa ya que el Congreso actualmente está dominado por los republicanos.

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