Inquilinos de Concord contaban con que el próximo 4 de abril entraría en efecto la recién aprobada ley de control de rentas, y de desalojo con causa justa, pero el proceso de implementación fue suspendido.
“Después de más de 8 años de lucha, es muy sorprendente, es como un balde de agua fría que nos están tirando”, aseguró Guadalupe Tolento, residente de Concord.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.
Y es que aunque el Concejo dio la aprobación final el pasado 5 de marzo, las organizaciones que han trabajado en impulsar estas medidas, supieron que los dueños de propiedades se movilizarían nuevamente.
“Están planeando ahora recolectar firmas para remover estas protecciones que ya fueron aprobadas por nuestros oficiales electos por un voto de 4 a 1”, dijo Gabi Rivas, vocera de la organización Rising Juntos.
En efecto la ciudad le confirmó a Telemundo 48 que residentes de Concord notificaron que están planeando reunir firmas para que el tema sea decidido por los electores en noviembre en un referendo.
Aclararon que el abogado de la ciudad tiene 10 días para revisar esa notificación y emitir un resumen imparcial, así que precisaron, que por el momento como lo exige la ley estatal, la ordenanza se ha suspendido y aún no pueden predecir una fecha de implementación, ya que dependerá del proceso de referendo.
“Pues si me da desilusión saber esto, pero también confió en los concejales, en que se respete la decisión de ellos, que son los que tienen el poder”, aseguró Tolento.
Noticias
Entre tanto, residentes como José Sarabia están ansiosos de que entre en vigencia, él asegura que pasa menos tiempo con sus hijos, pues tiene que trabajar horas extras ante el último incremento.
“El último aumento fue $243, de un solo, pagaba $1,800 me subieron a $2,040 digamos”, aseveró José.
Con la ordenanza aprobada por el Concejo, se pone un límite de aumento del 3%, que en el caso de José equivaldría a no más de $60 por año.
Estas organizaciones temen que la gente sea engañada, o se confunda, así que le piden a la gente prestar atención a lo que firman y cuál es su propósito.
“No vayan a firmar nada por parte de ninguna persona en la comunidad que este pidiendo firmas porque ya está, ya es una ley, no se necesita firmar”, dijo Rivas.
