Migrantes buscando asilo en puestos de entrada en la frontera sur, tienen el derecho de cruzar la línea fronteriza para entrar al proceso de asilo.
Esta fue la decisión de una Corte Federal del Distrito en San Diego que abogados que representan a la organización Al otro lado, celebraron como una victoria, esto por lo que aseguran han visto ocurrir desde el 2016
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.
“CBP ha rechazado a migrantes llegando a los puertos de entrada, para prevenir que ellos entren en este proceso, nuestro argumento es que es ilegal hacer eso”, indicó Sarah Rich, abogada defensora intereses de Al otro lado.
Rich explicó que el gobierno no tiene derecho a limitar el número de personas que llegan a pedir asilo en la frontera, y que fue ilegal decirles que se fueran, desalentarlos o darles mala información, sin garantizar su acceso al proceso de asilo.
“No hay un número máximo de personas que pueden pedir asilo”, indicó Rich.
Aunque la corte de distrito estuvo de acuerdo, ahora el gobierno federal apeló dicha decisión, y el martes se escucharon los argumentos.
El abogado del Departamento de Justicia criticó el fallo dijo que la Agencia de Protección Fronteriza tiene que mantener el control de los puertos de entrada y esta decisión limita la capacidad de la agencia de cumplir con su trabajo.
Noticias
Parte de la discusión fue sobre si se estaba dando una violación al debido proceso, asegurando el gobierno que no, puesto que este no aplica a los no ciudadanos fuera de Estados Unidos.
Enérgicamente un magistrado fustigo a la abogada representando a los solicitantes de asilo, diciéndole que la ley está del lado del gobierno y son ellos los que la querían reinterpretar.
Se han dado numerosos casos relacionados con asilo, pero abogaos dicen que este es importante porque involucra el poder del presidente, tiene que ver con el poder del gobierno de actuar sin una ley que dice puede hacer eso, y va a decidir si el ejecutivo tiene el poder de poner fin a un sistema de asilo que existe desde 1980.
El fallo de esta corte puede tomar semanas o meses.
