ÁREA DE LA BAHÍA - San José aprobó una ordenanza que exige a los propietarios de armas que compren un seguro de responsabilidad civil y paguen una tarifa anual por sus armas.
La ordenanza requeriría que los propietarios de armas paguen una tarifa anual de aproximadamente $25, así como los costos administrativos a la ciudad. A los propietarios de armas también se les exigirá mantener un seguro de responsabilidad civil en caso de que su arma se use para violencia o un delito.
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El alcalde Sam Liccardo, quien presentó las dos propuestas en junio pasado después de que un empleado de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara matara a nueve de sus compañeros de trabajo y a él mismo, comparó el requisito de seguro con los automovilistas que tienen seguro de automóvil.
“El seguro de responsabilidad por armas disponible hoy en el mercado puede ajustar las primas para alentar a los propietarios de armas a comprar y usar cajas fuertes para armas, instalar seguros de gatillo y tomar clases de seguridad con armas”, dijo el lunes durante una sesión informativa para discutir la propuesta.
Un estudio publicado en noviembre por el Pacific Institute on Research and Evaluation encontró que los contribuyentes de San José pagan un promedio de $151 por año por cada hogar que posee un arma, apoyando la respuesta a la violencia armada por parte del personal médico y policial, investigaciones de tiro, procesamiento judicial y otros servicios que son financiados con fondos públicos.
Cuando se combina con los costos privados para los residentes como resultado de la violencia armada y el crimen, el estudio encontró que los residentes de San José gastan colectivamente un promedio de $442 millones por año debido a la violencia armada.
Según el estudio, entre 50,000 y 55,000 hogares de San José poseen al menos un arma. La tarifa de la ordenanza se cobraría por hogar y no por arma, dijo Liccardo.
"Ciertamente, la Segunda Enmienda protege el derecho de todos los ciudadanos a poseer un arma", dijo Liccardo. “No obliga a los contribuyentes a subvencionar ese derecho”.
Los fondos generados a partir de las tarifas de la propuesta apoyarían el trabajo de una organización sin fines de lucro que buscará reducir la violencia doméstica y con armas de fuego.
La organización sin fines de lucro, que aún no se ha formado, incluye funcionarios del Centro Médico de la Universidad de Stanford y Nextdoor Solutions to Domestic Violence.
"Entre 2010 y 2019, el 56 % de las mujeres asesinadas en los EE. UU. fueron asesinadas por un arma de fuego y es hora de cambiar la carga de las lesiones a las personas que portan armas", dijo Esther Perales-Dickman, directora ejecutiva de Next Door Solutions. a la Violencia Doméstica.
Los defensores de los derechos de las armas han amenazado con litigar si la ciudad cumple con la propuesta, argumentando que es inconstitucional exigir a los propietarios de armas que paguen una tarifa para ejercer su derecho.
En julio, la Fundación Nacional de Derechos de Armas, la división legal de la Asociación Nacional de Derechos de Armas, envió una carta de cese y desistimiento a Liccardo y a los demás miembros del consejo de la ciudad.
La fundación se duplicó en septiembre, promocionando que estaba preparando una demanda legal para presentarla contra la ciudad si se adopta la ordenanza.
"Impondrá cambios ilegales e inaplicables al código municipal y, lo que es más importante, no detendrá la violencia armada", dijo Jonathan Fleming, director ejecutivo de Silicon Valley Public Accountability Foundation. "Todo lo que hace esta legislación es castigar a los propietarios legales de armas de fuego".
Liccardo argumentó el lunes que las tarifas se requieren regularmente para los servicios y acciones protegidos constitucionalmente.
“Ya sea que estemos tratando de organizar una organización de defensa política 501(c)(4) o que intentemos presentar una demanda en un tribunal civil, todavía pagamos tarifas, por lo que esto no es nada nuevo”, dijo.
En el lado opuesto, Fleming dice que "gravar un derecho constitucional es ilegal".
Se realizará una segunda votación para ratificar la ordenanza el 8 de febrero. La ordenanza entraría en vigencia el 8 de agosto de 2022.
