Un vacío legal está siendo aprovechado por dueños de apartamentos para desalojar a inquilinos sin brindarles el dinero que les corresponde en este tipo de casos.
“Me dieron un mes para salirme y me dijeron que, porque iban a renovar el apartamento”, dijo una residente afectada, quien prefirió mantenerse bajo el anonimato.
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Bajo esa razón, esta residente asegura que su arrendador la obligó a desalojar el apartamento donde había vivido por los últimos 2 años.
“No necesitaba nada, yo decía por qué lo van a renovar si todo está bien y yo tenía poco tiempo de haber entrado. Destruido no estaba”, aseguró.
Su sorpresa fue que solo horas después de haberse marchado, la unidad ya tenía nuevos habitantes.
“Al día siguiente metieron a otras personas. No duró nada por rentarlo ni tampoco fue porque lo quería renovar”, indicó la afectada.
Según activistas de la organización Ebase, dueños de apartamentos en Concord están aprovechándose de un vacío legal en la Ley de Protección de Inquilinos de 2019 que establece que una causa justa de desalojo es que el arrendador quiera demoler o renovar sustancialmente la unidad.
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“Les dan 60 días con supuestas excusas de que les van a hacer renovaciones al apartamento, pero en realidad no las hacen. Lo único que hacen es pintar el apartamento y lo vuelven a rentar por más dinero para subir la renta”, explicó Betty Gabaldón, vocera de la organización.
Aunque la ley indica que las renovaciones deben ser importantes y requerir permiso, esta organizadora señala que es difícil garantizar que los propietarios cumplan y que, muchos inquilinos por su estatus migratorio temen demandar.
Y además del desalojo injustificado que les están haciendo, tampoco les están entregando a los inquilinos, el dinero de reubicación al que tienen derecho legalmente.
Dinero que según la ley debe proporcionarlo el propietario ya que el desalojo no es culpa del inquilino.
“En Concord se tiene que dar ya sea 2 meses de renta o $5,000, cualquiera que sea más grande. Más, sin embargo, esto los dueños tampoco lo dan a los inquilinos”, indicó Gabaldón.
Tal fue el caso de esta residente.
“No me dieron mucho. Nada más me dieron solamente lo que según me correspondía que eran $900 de lo del depósito”, dijo la persona desalojada.
Para evitar estas prácticas abusivas, el proyecto de ley 567 de la senadora estatal María Elena Durazo, propone aumentar la cantidad que deben pagar a los inquilinos para reubicarse y que después de la renovación, los propietarios vuelvan a rentar la unidad a los inquilinos desalojados. El proyecto de ley está a la espera de votación.
Organizaciones piden a quienes estén pasando por algo similar, buscar ayuda.
“Tenemos clínicas legales, ellos nos pueden llamar al 925- 240-3441 y ver si esa notificación es válida” , aseveró Gabaldón.
