Seis heridos al cerrar toma ilegal de gas

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    Dos detenidos tras espectáculo ilegal de autos en SJ
    EFE

    Seis trabajadores sufrieron quemaduras de primer grado al controlar una fuga de gas en un ducto donde se pretendía poner una toma clandestina en el central estado mexicano de Puebla, dijo este lunes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

    Los heridos, todos empleados de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Puebla con quemaduras de primer grado que no representan un riesgo para su vida, indicó la Secretaría en un comunicado. 

    Las autoridades confirmaron que en las primeras horas de este lunes recibieron el reporte de una fuga en el gasoducto Cactus-Guadalajara, en el tramo que cruza el municipio Cuautlancingo, estado de Puebla. 

    La fuga se originó presuntamente por la manipulación del ducto para colocarle una toma clandestina en un punto localizada a unos 500 metros del asentamiento más cercano, por lo que no fue necesario implementar un operativo de desalojo. 

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    No obstante, las autoridades determinaron colocar un cerco de 200 metros alrededor de la fuga para prevenir cualquier riesgo a los habitantes de la localidad. 

    En el control de la fuga participó personal de Pemex, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de Protección Civil de Puebla, y policías del municipio. 

    Desde que en diciembre del 2018, con el nuevo gobierno de México, las autoridades incrementaron la lucha contra el robo de combustible, se han registrado diversos incidentes, el más grave la muerte de 130 personas al explotar un ducto de combustible en febrero pasado en el central estado de Hidalgo. 

    Pemex sufría desde años atrás un robo de hidrocarburos que según fuentes oficiales le causó pérdidas por 65,000 millones de pesos (unos $3,400 millones) tan solo en 2018. 

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    En agosto se registraron en el estado de Puebla al menos dos desalojos de personas por amenazas de fugas de combustible relacionadas con tomas clandestinas. 

    La estrategia del nuevo gobierno ha permitido reducir en un 94% el robo de combustible, lo que supone que se ha evitado una pérdida del orden de 60,000 millones de pesos ($3,138 millones).