Expertos estiman que 800 mil personas trabajan en los campos agrícolas de California y es ahí, donde el COVID-19 ha golpeado más fuerte que a cualquier otra población.
“Yo pienso que lo verde es vid y es esperanza”, asegura Araceli Ruiz, trabajadora del campo.
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El jardín en la casa de Araceli Ruíz se convirtió en un refugio que la ayudó a mantener su salud mental luego de ver que amistades y vecinos no sobrevivieran al coronavuris.
“Es triste porque todos queremos ver a nuestros seres queridos bien y de repente COVID se ha llevado a muchas personas”, dijo Araceli.
Araceli y su esposo Jorge trabajan en los campos del valle de Salinas y viven en una comunidad que ha sido afectada desproporcionalmente por el COVID-19.
“Un compañero de nosotros falleció hace 22 días, no tenía familia aquí e incluso tuvimos que cooperar para que lo mandaran para México”, indicó Jorge Ruíz.
Jorge dice que las mascarillas y otro equipo de protección personal, fueron escasos en los campos durante el brote de COVID-19.
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“No se puede mantener distancia, aunque uno quiera”, aseguró Jorge.
De acuerdo con este estudio de la escuela de salud pública de “UC Berkeley”, los campesinos del valle de Salinas son hasta 7 veces más propensos de morir de COVID que la población anglosajona.
“Estamos viendo número astronómicos”, informó la doctora Brenda Eskenazi, UC Berkeley School of Public Health.
La doctora Brenda Eskenazi lideró el equipo de epidiomólogos quienes entrevistaron e hicieron pruebas a casi 1,100 campesinos en el condado Monterey de julio a noviembre del año pasado.
El 13% de las pruebas de sangre mostraron infecciones activas de COVID-19.
El 20% dio positivo a anticuerpos, una señal que en algún momento estuvieron infectados.
“Y encontramos que muchos continuaron trabajando aún estando contagiados”, indicó Eskenazi.
De hecho, 57% casi 3 de cada 5 campesinos, dice que se presentaron a trabajar estando enfermos.
¿Cuáles fueron las implicaciones de esto?
“Las implicaciones son horrendas desde el punto de vista de salud pública. Tenemos personas contagiadas yendo a trabajar enfermos y así contagian a otros”, indicó Eskenazi.
Hasta hace poco, los responsables de proteger a estos trabajadores, parecían no estar haciendo mucho para hacer cumplir las reglas.
Buscamos en los archivos de inspecciones de “Cal Osha” y encontramos que no hubo ninguna acción hasta el pasado mes de agosto.
Y aun así, solo se han dado 22 multas en todo el estado a compañías por incumplimiento de los protocolos de COVID y más de la mitad de esas citaciones sucedieron en el valle de Salinas.
“Sabemos que hay más personas que tienen preocupaciones y preguntas”, dijo Julia Montgomery, Cal Alrb.
Julia Montgomery es la consejera general de la junta de relaciones laborales agrícolas de california (ALRB, por sus siglas en inglés) fundada en 1975 para proteger los derechos de trabajadores del campo.
“Las personas temen no solo perder el empleo que tienen, pero también de ser puestos en una lista negra”, aseveró Montgomery.
Encontramos que el ALRB ha tomado solo 9 acciones en todo el estado, 4 en el Condado Monterey después de quejas como la falta de protección personal y el maltrato de trabajadores que se contagiaron con COVID-19. Expertos aseguran estas acciones no son suficientes.
“Esto no es suficiente, desafortunadamente, en el “ALRB”, solo podemos responder a un cargo que fue presentado a nosotros”, dijo Montgomery.
Visitamos media docena de empresas que habían sido multadas por Cal Osha
por no proveer mascarillas, equipo de protección o distanciamiento social, pero solo dos de esas compañías nos contestaron.
“Para mí, no fue justo”, dijo John D’arrigo, presidente de Bros Co
John D’arrigo es el presidente de D’arrigo Brothers y es la tercera generación al mando de la empresa que fue multada por $7,650 en diciembre por Cal Osha por no proveerle cubrebocas a los campesinos, por fallar en mantener una distancia sana entre sus trabajadores, y por no proveer algún tipo de separación entre ellos.
“Si estamos equivocados, estamos equivocados. pero yo no siento que lo estamos, y lo voy a pelear”, dijo D’arrigo.
D’arrigo admite que algunos trabajadores pudieron haberse quitado las mascarillas, pero solo para tomar su descanso y que a veces no se puede cumplir con el distanciamiento social, por la naturaleza del trabajo.
“Tenemos una escasez de trabajadores, tengo que cuidar a los que tengo porque quiero que se queden”, afirmó D’arrigo.
Le preguntamos a D’arrigo sobre el estudio de UC Berkeley y si le inquietaba que el 57% dijera que tenía que ir a trabajar cuando estaban enfermos.
“Es muy inquietante, eso no debe suceder, no es bueno para la persona, su familia, la empresa, el suministro de alimentos” expresó D’arrigo .
D’arrigo dice que provee seguro de salud a sus trabajadores y sus familias, algo poco usual en esta industria.
Y la semana pasada abrió sus instalaciones para funcionar como un centro de vacunación en donde más de 400 personas se inscribieron para recibir la primera dosis.
Al preguntar si cree que está haciendo suficiente para proteger a sus trabajadores, D’arrigo contestó que sí, pero que es posible que no todos lo están cumpliendo.
“Eventualmente vas a encontrar algunos que tal vez están rompiendo todas las reglas. Es posible que tengas eso en cualquier industria”, indicó D’arrigo.
Jorge Ruíz expresó “he escuchado a muchos que no tenemos derecho. Pero pos igual pagamos impuestos igual que ellos sin nosotros no tendrían verdura en su mesa”.
Ambos agregaron que tienen una escasez de mano de obra en este momento y que cualquier otro brote podría afectar las cosecha y causar putrefacción en los campos.
Esto causaría un alza en el precio de las verduras y frutas en los supermercados.
