Supervisores se muestran a favor de política de cooperación con ICE

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    Los supervisores del condado de Santa Clara mostraron estar a favor de implementar una política en la que las agencias del orden tendrán que cooperar con autoridades federales inmigración.

    La propuesta, presentada por el supervisor Dave Cortese, busca que el condado notifique al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sobre ciertos reclusos indocumentados convictos por cargos serios o violentos y que pronto vayan a ser liberados. Los crímenes van desde asesinato, violación, abuso de menores y secuestro hasta incendio provocado y robo en primer grado.

    Durante una audiencia los supervisores mostraron su apoyo a la política aun cuando decenas de personas testificaron en contra, reportó el diario San Jose Mercury News.

    La medida llega luego de la muerte de Kathryn Steinle, quien fue baleado el 1 de julio en Pier 14, en San Francisco, por un inmigrante indocumentado que había sido liberado bajo las políticas de ciudad santuario de la ciudad.

    Un juez determinó que el acusado, Juan Francisco López Sánchez, enfrentará un juicio por asesinato en primer grado.

    La muerte de Steinle, de 32 años, reavivó el debate sobre inmigración a nivel nacional, y líderes de todo el espectro político expresaron la necesidad de mayor cooperación entre las agencias del orden local y las autoridades federales de inmigración.

    Alrededor de 200 ciudades, condados y estados del país han implementado la política de ciudad santuario para proteger a inmigrantes indocumentados.

    De avalar esta nueva política, Santa Clara uniría a los estados de Contra Costa, San Mateo, Alameda y Marín en decidir notificar a ICE sobre la pronta liberación de un recluso convicto por algún crimen violento o serio y que pudiese enfrentar la deportación.

    El alcalde de San José Sam Liccardo envió una carta a oficiales del condado en julio, a días de la muerte de Steinle, pidiendo revisar las leyes de ciudad santuario, argumentado que “cualquier política que acelera la liberación de criminales predadores nos hace sentir menor seguro”.

    El condado de Santa Clara cuenta con la tercera población de inmigrantes indocumentados más grande de Estados Unidos.

    Opositores argumentaron ante los supervisores que el cambio resultará en miedo por parte las comunidades inmigrantes del condado a la hora de reportar crímenes, según el Mercury News.