La policía de San Francisco tendrá acceso a cámaras de seguridad que no pertenecen a la ciudad para ayudar en sus esfuerzos para combatir el crimen.
La Junta de Supervisores aprobó el martes con una votación de 7 a 4 una ordenanza que, como se describe en un comunicado de prensa del alcalde London Breed, "aclarará y autorizará explícitamente a las fuerzas del orden público a usar temporalmente cámaras que no sean propiedad de la ciudad para responder a los desafíos presentados por actividad delictiva organizada, homicidios, violencia con armas de fuego, mala conducta de los oficiales, entre otros delitos, al tiempo que se fortalecen las salvaguardas críticas y la supervisión para evitar el uso indebido".
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El anuncio señaló que la ordenanza ha sido elaborada durante varios meses por la oficina del alcalde y el supervisor Aaron Peskin mientras trabajaba en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de San Francisco.
Antes de la votación de la junta, más de dos docenas de organizaciones pidieron el martes a los supervisores que rechacen la ordenanza, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Norte de California.
La ACLU dijo que la ordenanza "permite un nivel de vigilancia sin precedentes en la historia de la ciudad, convirtiendo cámaras de timbre personales y CCTV en dispositivos que permitirían a la policía colocar bloques de vecindarios enteros bajo vigilancia preventiva y espiar el discurso protegido constitucionalmente".
El Departamento de Policía de San Francisco envió una declaración de apoyo luego de la votación de la junta.
"Esta política reafirma nuestro compromiso de participar en una vigilancia policial transparente y receptiva mientras se protegen los derechos de todos los que conforman la comunidad diversa a la que servimos", dijo la policía.
Según la oficina del alcalde, la nueva política permitiría que las fuerzas del orden público soliciten acceso temporal por no más de 24 horas a cámaras que no sean propiedad de la ciudad para ver actividad en tiempo real solo en las siguientes circunstancias:
- En situaciones que impliquen peligro inminente de muerte o peligro inminente de lesión física grave;
- Durante eventos significativos con preocupaciones de seguridad pública con el único propósito de desplegar o colocar personal; o
- Avanzar en las investigaciones específicas de la actividad delictiva
Esto incluye, según el anuncio del alcalde, "cámaras de seguridad propiedad de terceros que no tienen ninguna obligación contractual o de otro tipo de compartir imágenes con las fuerzas del orden que han sido instaladas por propietarios u operadores que no son de la ciudad fuera de pequeñas empresas, edificios residenciales, y otros edificios comerciales".
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La ordenanza anularía las leyes locales que generalmente prohíben que las fuerzas del orden accedan a imágenes de video en vivo de cámaras que no sean propiedad de la ciudad en cualquier situación que no sea situaciones que impliquen un peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves.
El anuncio del alcalde aseguró que la nueva ordenanza contiene salvaguardas significativas, que incluyen "restricciones sobre cómo se pueden usar las cámaras; cuánto tiempo se pueden usar; reglas para la retención y eliminación de datos; continuar con la barra contra el uso de reconocimiento facial tecnología; prohibir cualquier monitoreo en vivo dentro de viviendas residenciales; prohibir cualquier transmisión en vivo durante las actividades de la Primera Enmienda por razones ajenas a las necesidades de redistribución; y capacitación obligatoria antes de que cualquier persona autorizada pueda usar cualquier tecnología".
