Los planes de deportación masiva de Trump podrían clausurar los tribunales de inmigración

El presidente Donald Trump ha prometido una ola masiva de deportaciones bajo su administración, pero abogados, jueces y otras personas que están profundamente arraigadas en los tribunales de inmigración de Estados Unidos advierten que un flujo de casos nuevos podría destruir un sistema ya sobrecargado.

En el primer mes del segundo mandato de Trump, los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han detenido a más de 10.000 inmigrantes, según cifras reportadas por la misma agencia.

Algunos de los detenidos, como aquellos con antecedentes penales u órdenes de expulsión previas, pueden ser deportados de inmediato. Pero otros se unirán a la creciente acumulación de más de 3,5 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración en todo el país, casos que pueden tardar años en resolverse.

La acumulación ha dejado a muchos inmigrantes en un estado de limbo legal. Muchos de ellos tienen solicitudes de asilo pendientes, como el de una mujer a la que Telemundo 48 llamara María. Ella dice que huyó con su hijo de Guanajuato, México hace dos años después de que cárteles locales la intentaron extorsionar.

"Había noches en las que no dormía en absoluto", dijo María. “El impacto emocional fue tan grande que preferí salvar la vida de mi hijo. Y por eso venimos aquí”.

María, quien tiene un permiso de trabajo y una licencia de conducir, pero no una protección permanente, acaba de ver prolongado su limbo legal. Su próxima audiencia de asilo se postergó para fines del año próximo. A pesar de su caso pendiente, María dice que la retórica de la Casa Blanca la ha dejado con miedo de salir a la calle.

“Tengo más miedo”, dijo. “Incluso tengo miedo de conducir”.

El abogado de inmigración de María, Andrew Newcomb, dice que es común que los solicitantes de asilo esperen más de seis años para obtener una resolución en su caso.

“Hay un enorme retraso en las cortes de inmigración”, dijo Newcomb.

Según Newcomb, los planes de deportación masiva del presidente podrían aumentar seriamente esos tiempos de espera y saturar aún más un sistema ya sobrecargado. “Sé que muchas organizaciones sin fines de lucro sienten que están al límite de su capacidad y que no pueden realmente hacerse cargo de muchos de estos casos”, dijo Newcomb.

Con más de 400.000 casos pendientes, California tiene el tercer mayor retraso en el país, solo detrás de Florida y Texas. El número de casos en el estado se ha más que duplicado solo en los últimos cuatro años, de acuerdo con datos analizados por el Centro de Acceso a Documentos Transnacionales de la Universidad de Syracuse (TRAC por sus siglas en inglés)--y los expertos lo adjudican a problemas como el COVID y el aumento de las operaciones de control en la frontera sur.

También ha habido una afluencia masiva de personas que buscan asilo en los últimos años. Según datos del Servicio de Investigación del Congreso, el año fiscal 2024 vio más de 800.000 nuevas solicitudes de asilo, frente a las 200.000 de hace una década.

“Este concepto de deportación masiva parece no ser viable no solo por una cuestión de costos, sino también por una cuestión de logística”, dijo el juez retirado del tribunal de inmigración de Estados Unidos, James Fujimoto.

Fujimoto dice que los tribunales tienen una notoria falta de personal y de fondos, y que los jueces suelen manejar más de 4.000 cada uno.

“Si realmente quieren que sea más eficaz, necesitan contratar más personal de apoyo para los jueces porque simplemente añadir jueces no va a hacer magia por sí solo”, dijo Fujimoto.

De hecho, el atraso solo ha empeorado, según cifras de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, a pesar de que el número de jueces de los tribunales de inmigración casi se ha triplicado y el número de salas de tribunales de inmigración en todo el país casi se ha duplicado en la última década.

Un informe de la Oficina de Investigación del Congreso de 2023 encontró que incluso si se contrataran 700 jueces más, aproximadamente el doble del número actual de jueces, todavía se necesitarían 10 años para eliminar el atraso existente.

Un proyecto de ley de reforma migratoria bipartidista, que incluía un plan para contratar más jueces, fracasó el verano pasado después de que el entonces candidato Trump instara a los republicanos en el Congreso a oponerse.

Fujimoto dijo que los constantes cambios políticos son en parte culpables del aumento de la acumulación de casos, ya que los tribunales de inmigración no son independientes. Estos funcionan bajo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo que, según él, los hace propensos a cambios constantes de reglas y órdenes ejecutivas según quién esté en el poder.

“Me resulta difícil creer que se pueda solucionar esto sin algún tipo de legislación”, dijo Fujimoto. “De lo contrario, simplemente se siguen contradiciendo. Una parte hace esto, ‘aquí está mi orden ejecutiva’. Otra parte viene y dice, ‘Voy a cancelar eso’”.

Newcomb y otros sugieren que desestimar los casos de inmigrantes sin antecedentes penales podría ayudar a aliviar la carga de los tribunales. El objetivo sería concentrar los recursos limitados a casos más graves, una opción que los fiscales y jueces federales han tenido tradicionalmente, pero que se limitó durante el primer mandato de Trump.

“Cuando se atan efectivamente las manos de los fiscales y se atan las manos de los jueces, lo que se produce es un embotellamiento como el que vemos todos los días a las cinco de la tarde”.

Telemundo 48 preguntó a la administración Trump sobre cómo planeaba ayudar a eliminar la acumulación actual de casos en los tribunales de inmigración en todo el país.

En respuesta, la Casa Blanca emitió una declaración en la que dijo: “Durante su primer mandato, [el presidente Trump] acortó los trámites para reducir los retrasos masivos en materia de inmigración, y no dejara piedra por mover para cumplir su promesa de restablecer el orden en nuestra frontera, deportar a los extranjeros criminales y hacer cumplir plenamente las leyes de inmigración que se han ignorado por tanto tiempo”

María tiene una cita de inmigración de rutina con ICE programada para finales de este año a la que tiene la obligación de asistir. A pesar de las protecciones de un caso de asilo en curso y de estar representada por un abogado, aun teme ser detenida si se presenta.

“Sí, me da miedo”, dijo. “Tengo que presentarme, porque no vine a robar, no vine a matar, no vine a hacer nada malo. Al contrario, todo lo contrario”.