Piden investigación "adecuada" en caso de desaparecidos

Se trata de los 5 jóvenes que desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz.

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    EFE

    El Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez pidió el viernes a la Fiscalía mexicana que realice "una investigación adecuada" sobre la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, para que los hechos no queden impunes.

    Hace una semana, un juez ordenó liberar por falta de pruebas a 21 personas, entre ellas ocho policías, acusadas de secuestrar y asesinar a cinco jóvenes en el oriental estado de Veracruz el 11 de enero de 2016.

    "Observamos con preocupación que con esta decisión se abone a la impunidad y aleje la justicia", aseveró mediante un comunicado la organización de derechos humanos.

    Por ello, el centro Prodh pidió a la Fiscalía General de la República "realizar investigaciones adecuadas y con debida diligencia que aseguren procesos sólidos que se sostengan jurídicamente hasta llegar a la sanción de los responsables".

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    "En particular, la FGR debe asegurar que la colusión entre elementos del crimen organizado y autoridades estatales para la comisión de conductas delictivas respecto a delincuencia organizada en el caso Tierra Blanca no quede en impunidad", aseveró.

    Además, el organismo recordó que los 21 procesados enfrentan también procesos legales por desaparición forzada en la Fiscalía estatal de Veracruz, a la que pidió "asegurar que dichos procesos se mantengan de manera sólida".

    "Se asegure que las investigaciones cuenten con elementos de prueba idóneos para asegurar las condenas respectivas, evitando llegar a un escenario como el que ocurre actualmente respecto a los procesos federales", señaló.

    El Gobierno de Veracruz emitió el 4 de marzo una disculpa pública a las familias de los cinco jóvenes desaparecidos y asesinados en Tierra Blanca.

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    En una conferencia de prensa, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pidió perdón a los familiares e insistió en que este es el primer paso para que se haga justicia y se dicte sentencia y condena para los 21 detenidos involucrados en el caso.

    "Se reconoce la responsabilidad estatal por la conducta llevada a cabo el 11 de enero de 2016 por autoridades del gobierno de Veracruz que ahora represento y que ocasionó la desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria de los jóvenes", indicó.