Inmigración

Trámites migratorios podrían aumentar hasta en un 70%

La solicitud I-130 para pedir a un familiar subiría de $535 a $710, un aumento de $175, mientras que la solicitud de permiso de trabajo podría incrementar $145 por lo que las personas tendrían que pagar $555.

Telemundo

El gobierno federal publicó esta semana una propuesta que si es aprobada aumentaría las tarifas de algunos trámites migratorios hasta un 70% causando preocupación entre organizaciones y familias que se encuentran en procesos de inmigración.

Trámites como obtener un permiso de inmigración para salir del país que actualmente tiene un costo de $575 en dos meses podría aumentar a $55 más.

“Sí es algo costoso, si lo suben, para invertir en algo que te va a dar una oportunidad, es algo bueno

pero otros incrementos son más drásticos”, indicó Licthzi López, solicitaba servicios de inmigración.

La solicitud I-130 para pedir a un familiar subiría de $535 a $710, un aumento de $175, mientras que la solicitud de permiso de trabajo podría incrementar $145 por lo que las personas tendrían que pagar $555.

“Pero lo que nosotros más criticamos es por qué cobran tanto con unos servicios tan ineficientes un retraso increíble de años”, Ramón Cardona, director del Centro Latino Cuscatlan.

En cuanto a la ciudadanía costaría $120 más, pero el ajuste de estado con el que se convierte en residente permanente lo quieren incrementar $400 más, de $1140 a $1,540.

La solicitud para remover las condiciones de la residencia permanente aumentaría más de 70% de $680 s incluidas las huellas, a $1195 , un incremento de $515

Organizaciones comunitarias y abogados les preocupa el efecto que tendrían estos incrementos en la comunidad latina, desanimándolos de avanzar en sus procesos migratorios.

El alto costo afectará a familias que no solo tienen que pagar por una sola persona, si no por hasta cuatro integrantes o más.

Según inmigración con estos aumentos se reduciría la carga administrativa para el gobierno, los errores de procesamiento de tarifas y habría una mayor eficiencia  en la adjudicación.

La propuesta estará por 60 días sujeta a comentarios públicos, antes de tomarse una decisión final.

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