Beneficiarios del TPS acudieron el miércoles a la oficina de Nancy Pelosi en San Francisco para expresar su preocupación y frustración ante la posible eliminación del programa que protege a miles de migrantes en el país.
“Ya es hora de que sean sinceros con la comunidad inmigrante y basta de usarnos en sus juegos políticos”, aseguró uno de los manifestantes.
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Cristina Morales y su hija Crista Ramos son las demandantes del caso Ramos vs Mayorkas que en 2018 logró obtener la actual extensión del TPS después de que el presidente Trump terminará el programa.
“Me uní para luchar por mi familia, por los niños que están en esta situación como yo y mi hermano porque hay 260,000 niños estadounidenses que no sabemos qué va a pasar con nuestros padres”, aseguró Morales.
Sin embargo, tras un año de negociaciones con el gobierno del presidente Biden para salvar el programa, éstas se vieron truncadas el martes.
Beneficiarios del programa podrían perder su protección migratoria a partir del 31 de diciembre de este año por lo que le reclaman al presidente Biden no haber cumplido su promesa de una reforma integral.
“Digamos que teníamos esperanza porque hizo una promesa, ya que decía Biden que él iba a ser el jefe de unidad, el que iba a hacer una reforma migratoria, el compromiso que el hizo de proteger, no lo vemos”, aseveró Morales.
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Actualmente, el gobierno de Biden rediseñó el TPS para Haití y Sudán pero no lo ha hecho para Nicaragua, Honduras, El Salvador y Nepal.
Migrantes también les hicieron un llamado a los gobernantes de sus países para intercedan.
“Que se pongan a trabajar en beneficio de nosotros que somos los que sostenemos nuestros países y que hagan una nueva solicitud de un nuevo TPS”, afirmó Mariano Guzmán, beneficiario del TPS.
Se espera que la Corte de Apelaciones de Pasadena decida si revisará el caso Ramos vs Mayorkas con un panel de jueces más amplio.
“Esa es nuestra esperanza, por eso le digo a los tepesianos que vamos a seguir agotando todas las posibilidades legales que aún tenemos”, indicó Morales.
Hay unos 180,000 salvadoreños y otros 50,000 mil hondureños afiliados al Programa de Estatus de Protección Temporal.
