El fiscal general de California, Xavier Becerra, y el abogado de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, solicitaron el martes a un tribunal federal que bloquee una nueva regla de la administración del presidente Donald Trump que permitiría a las instituciones de salud y a los trabajadores rechazar los servicios por motivos religiosos.
La norma anunciada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU el mes pasado entrará en vigencia el 22 de julio. Negaría fondos federales de salud, bienestar y educación a los gobiernos estatales y locales que no cumplan.
Becerra y Herrera presentaron demandas en una corte federal en San Francisco en mayo para impugnar la regla y el martes siguieron con mociones para interdictos preliminares que bloquean su aplicación.
Afirman que la regla es ilegal porque es más amplia que las exenciones religiosas previamente autorizadas que el Congreso, y también es inconstitucional porque viola la prohibición del establecimiento de la religión.
Las dos demandas alegan que la regla permitiría que no solo los médicos, sino también las enfermeras, los recepcionistas, los operadores de llamadas y los conductores de ambulancia se nieguen a ayudar a los pacientes necesitados. Dicen que podría negar el tratamiento a las mujeres que buscan anticoncepción y abortos y a las personas LGBTQ.
Herrera dijo que San Francisco podría perder casi $ 1,000 millones en fondos federales si no cumple con la regla. Becerra dijo que California podría perder un total de más de $ 70 mil millones.
La demanda del estado ha sido asignada al juez de distrito de los EEUU, Haywood Gilliam de Oakland y la demanda de la ciudad se encuentra ante el magistrado de los EEUU, Joseph Spero en San Francisco. Pero Becerra ha presentado una moción solicitando que el mismo juez oiga el caso de ambos juicios y un tercer caso presentado por el Condado de Santa Clara.
