San José

Directora ejecutiva del Sindicato de Policía de SJ acusada de intentar importar ilegalmente opioides

Joanne Marian Segovia presuntamente habría utilizado su computadora personas y la de su oficina para ordenar y distribuir miles de opioides y otras pastillas.

Telemundo

La antigua directora ejecutiva del sindicato de policía de San José fue acusada de intentar importar drogas opioides sintéticas ilegales del extranjero en un plan para distribuirlas en EEUU., dijeron los fiscales federales el miércoles.

Se sospecha que Joanne Marian Segovia, que ha trabajado para la Asociación de Oficiales de Policía de San José durante casi 20 años, usó las computadoras de su casa y de su oficina, e incluso la cuenta de UPS del sindicato, para ordenar y distribuir miles de opioides y otras pastillas. según un comunicado del fiscal federal Ismail J. Ramsey y el agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, Tatum King.

Segovia, de 64 años, está acusada de intentar importar ilegalmente valeryl fentanyl, un análogo del fentanilo. Si es declarada culpable, se enfrenta a una pena máxima de prisión de 20 años.

El lunes se presentó una denuncia penal, alegando que, entre octubre de 2015 y enero de 2023, Segovia recibió al menos 61 envíos por correo a su casa, desde lugares que incluían Hong Kong, Hungría, India y Singapur.

Los envíos tenían etiquetas que incluían "Recuerdos de la fiesta de bodas", "Maquillaje de regalo" y "Chocolate y dulces", dijeron funcionarios federales.

Entre julio de 2019 y enero de 2023, los investigadores interceptaron cinco envíos y encontraron miles de pastillas de sustancias controladas, incluidos los opioides sintéticos Tramadol y Tapentadol. Ciertos paquetes fueron valorados en miles de dólares en drogas.

Segovia es residente de San José y ha trabajado en el sindicato de policías desde 2003. No se pudo contactar a los representantes de la Asociación de Policías de San José para hacer comentarios el miércoles por la noche.

La denuncia contra Segovia se abrió el martes.

Según la Oficina del Fiscal Federal, Segovia fue detenida como parte de una investigación en curso del Departamento de Seguridad Nacional sobre una red que enviaba sustancias controladas al Área de la Bahía.

Segovia supuestamente usó comunicaciones encriptadas de WhatsApp para planificar la recepción y el envío de envíos de píldoras.

La denuncia describe un período entre enero de 2020 y marzo de 2023 durante el cual se alega que Segovia intercambió cientos de mensajes con alguien que usaba un teléfono con un código de país de India. Según los informes, los mensajes discutían los detalles del envío y el pago de las píldoras y contenían cientos de imágenes de tabletas, etiquetas de envío, empaques, recibos de pago y confirmaciones de pago.

Segovia supuestamente usó su oficina en el sindicato de policías de San José para distribuir sustancias controladas. En un caso, un proveedor le dijo a Segovia que enviara un paquete a una mujer en Carolina del Norte. Luego, Segovia supuestamente envió al proveedor una fotografía de un envío realizado utilizando la cuenta de UPS de la Asociación de Oficiales de Policía de San José.

Según la denuncia, Segovia siguió ordenando sustancias controladas incluso después de haber sido entrevistada por investigadores federales en febrero. El 13 de marzo, agentes federales incautaron un paquete dirigido a Segovia en Kentucky que contenía valeryl fentanyl, un análogo del fentanilo. Según los informes, el paquete se originó en China el 10 de marzo y declaró su contenido como un reloj.

La Asociación de Oficiales de Policía de San José emitió la siguiente declaración el miércoles:

“El viernes pasado, las autoridades federales nos informaron que uno de nuestros empleados civiles estaba bajo investigación por distribución de una sustancia controlada y POA ha estado cooperando total y completamente con las autoridades federales mientras continúan su investigación. Ningún otro individuo en el POA está involucrado o tenía conocimiento previo de los actos alegados. El POA inmediatamente colocó al empleado civil en licencia y, como es el procedimiento estándar, cortó todo acceso al POA. La Junta Directiva está triste y decepcionada al escuchar esta noticia y nos hemos comprometido a brindar todo nuestro apoyo a las autoridades investigadoras”.

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