Gran preocupación han expresado los sindicatos de la policía y de los bomberos ante la orden de vacunación emitida por la ciudad de San José que busca detener la propagación del COVID-19.
La Ciudad explicó que para el 30 de septiembre, todos los empleados públicos deberán vacunarse contra el mortal virus o podrían ser despedidos. También aseguraron que a partir de esa fecha los trabajadores no podrán presentar una prueba negativa de COVID-19 en lugar del certificado de vacunación.
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“Si nuestro personal no puede comprobar que no está vacunado y protegido contra el COVID, sí puede haber consecuencias que incluyen la disciplina y hasta el despedido”, indicó Carolina Camarena, vocera de la ciudad.
Representantes de la ciudad aseguran que han llegado a ciertos acuerdos con el Sindicato de Bomberos de San José Local 230 y con la Asociación de Oficiales de Policía.
“Hace unas semanas nos dieron una propuesta en la que nos pidieron que cambiáramos las consecuencias, que incluyera disciplina y no el despido, entonces ahorita nuestro mandato incluye lo que pidieron que eran consecuencias de disciplina y no solamente el despido”, explicó Camarena.
Aunque las medidas disciplinarias aún no están definidas, en un comunicado enviado a Telemundo 48, la Asociación de Oficiales de Policía de San José dijo:
“Están abogando por una propuesta de vacunación que los haga coincidir con lo que el estado y el gobierno federal han implementado y que más del 80% de la plantilla de oficiales ya se vacunó”, indicaron.
Local
En San José, el 82% de los oficiales ya están vacunados, al igual que el 91% de los bomberos. En total, el 89% de los empleados públicos ya cuenta con comprobante de vacunación.
Actualmente, existen 11 sindicatos de trabajadores públicos y no se descarta la posibilidad de una reducción de personal que no quiera cumplir con este mandato.
“Sí sabemos que es una preocupación de los sindicatos que quizá va a haber bomberos y policías que no quieran seguir con la ciudad porque no se quieren vacunar, seguiremos escuchando las preocupaciones para asegurar que el personal este protegido contra el COVID y que podamos brindar servicios normales a nuestra comunidad a la misma vez”, indicó Camarena.
San Francisco implementará una política similar a partir del 13 de octubre.
