SAN FRANCISCO – Los padres de Kathryn Steinle, la mujer baleada mortalmente en Pier 14, dijeron a una cadena de televisión que apoyan una propuesta de prisión obligatoria para personas deportadas y quienes regresan a Estados Unidos de forma ilegal.
Steinle, de 32 años, caminaba por el popular área de Embarcadero cuando fue baleada presuntamente al azar por un Juan Francisco López Sánchez, un inmigrante indocumentado originario de México.
López Sánchez, de 45 años, había sido liberado de la cárcel meses antes del tiroteo, a pesar de una orden de retención por parte de autoridades federales.
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Jim Steinle y Liz Sullivan, residentes de Pleasanton, fueron entrevistados por el presentador de Fox News Bill O’Reilly el lunes.
La muerte de su hija ha despertado un debate nacional sobre inmigración, en el que propulsores de un control más estricto en la frontera denunciaron las políticas de “santuario” hacia inmigrantes por parte de ciudades como San Francisco. Inclusive, demócratas prominentes del Área de la Bahía dijeron que López Sánchez debió haber sido entregado a Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Los que apoyan las protecciones que ofrecen las ciudades santuarios también han reaccionado, argumentando que la muerte de Steinle ha sido politizada y que la seguridad pública mejora cuando los inmigrantes puedan colaborar con autoridades locales sin miedo a ser deportados.
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A eso, Jim Steinle dijo “no estamos cansando de señalar con el dedo, lo que queremos ver es acción”.
Steinle, quien se encontraba con su hija cuando esta fue baleada, y su esposa, dijeron que la ley propuesta conocida como “Kate’s Law” puede ser una buena manera de mantener su memoria viva. O’Reilly está colectando firmas para una petición en apoyo a la propuesta, la cual impondría una sentencia de cinco años en la cárcel federal para personas que son deportadas y regresan al país, y 10 años para las personas capturadas en una segunda ocasión.
“Cree que el gobierno federal, estatal y municipal, sus leyes, existen para protegernos”, dijo Jim Steinle. “Pero creemos que estas circunstancias particulares y las personas envueltas, las diferentes agencias, nos defraudaron”.
Liz Sullivan dijo que espera que algún bien salga de la muerte de su hija.
“Tú quieres que todo sea mejor para todo en Estados Unidos y que esto no vuelva a ocurrir”, expresó Liz.
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Récords federales muestran que López Sánchez fue deportado en tres ocasiones antes de ser sentenciado a cinco años de prisión en 1998. El acusado terminó un tercer periodo en prisión antes de volver a entrar al país de forma ilegal cuando fue trasladado a San Francisco el 26 de marzo por cargo de droga que se remontan a 1995.
La Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco se negó a procesar a López Sánchez por estos cargos debido a la edad del caso y la pequeña cantidad de marihuana con la que fue encontrado.
La oficina del alguacil liberó a López Sánchez el 15 de abril, negándose a honrar una petición de retención por parte de autoridades federales para mantenerlo bajo custodia por 48 horas para comenzar con un proceso de deportación.
El alguacil Ross Mrikarimi defendió su decisión, argumentando las leyes santuario de 1989 y una ordenanza de 2013 que aplica específicamente a las retenciones federales.
