El Ayuntamiento acordó el martes pagar $ 399,000 para resolver la última demanda por el incendio ocurrido en 2016 en un almacén conocido como el Barco Fantasma donde murieron 36 personas mientras se encontraban en una fiesta.
La ciudad no reconoce ninguna irregularidad en el arreglo de una demanda de una docena de exresidentes, informó el San Francisco Chronicle.
El almacén se había convertido ilegalmente en un espacio residencial para artistas y un lugar para eventos cuando se incendió el 2 de diciembre de 2016 durante una fiesta de música electrónica.
El edificio estaba repleto de muebles, cables de extensión y otros materiales inflamables, pero solo tenía dos salidas y no tenía detectores de humo, alarmas de incendio ni rociadores, dijeron las autoridades.
En julio, el Concejo Municipal acordó pagar $ 32.7 millones para resolver las demandas presentadas por las familias de 32 víctimas y un sobreviviente que sufrió lesiones de por vida.
Fue uno de los asentamientos más grandes de la historia de la ciudad.
El acuerdo del martes resuelve las "últimas reclamaciones restantes" de las demandas derivadas del incendio, dijo la fiscal municipal adjunta en jefe, Maria Bee, en un comunicado.
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No se ha determinado la causa del incendio, aunque algunas demandas dicen que hubo serios problemas eléctricos en el edificio.
Los fiscales acusaron a Derick Almena, el inquilino principal del contrato de arrendamiento del almacén, con 36 cargos de homicidio involuntario, argumentando que fue criminalmente negligente cuando convirtió y subarrendar el espacio. Un juez declaró nulo el juicio el otoño pasado. Almena espera un nuevo juicio.
Los abogados de Almena argumentaron que los trabajadores de la ciudad eran los culpables de no plantear preocupaciones sobre los peligros de incendio en el almacén. Los funcionarios de la ciudad habían dicho que el edificio no había sido inspeccionado durante tres décadas, y cuando los inspectores visitaron el sitio en noviembre de 2016, no pudieron ingresar para investigar un informe de construcción ilegal.
Un coacusado, Max Harris, fue absuelto de los cargos de homicidio involuntario el año pasado y ya no vive en el estado.
El propietario del edificio, Chor Ng, no fue acusado de ningún delito.
