Sam Liccardo, alcalde de San José, presentó el jueves una propuesta de ley que, de ser aprobada, les exigiría a las empresas de viajes compartidos y taxis que operan en la ciudad reportar a la policía los casos de agresiones sexuales.
El objetivo, según la propuesta, es proteger a la comunidad y llevar justicia a los pasajeros y conductores que son víctimas de este tipo de crimen enjuiciando a los culpables.
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También busca informar a los sobrevivientes de violencia sexual sobre sus opciones, sobre los servicios médicos y de asesoramiento disponibles, y sobre las consecuencias de su libre elección sobre compartir o no información con las fuerzas del orden.
Liccardo aseguró que las víctimas creen que, al denunciar la violencia sexual ante empresas como Uber y Lyft, estas proveerán a la policía estos informes, sin embargo, no es así.
"Es probable que los sobrevivientes crean que si denuncian su victimización a Uber o Lyft, las empresas harán algo para protegerlos a ellos y al público, pero no lo harán, el sobreviviente verá sin orden de restricción, sin arresto o condena del agresor, y sin restitución. Como mínimo, estas empresas deberían ser honestas con los sobrevivientes y decírselo”, afirmó Liccardo. “Independientemente de si las empresas afirman proteger la privacidad y la agencia de los sobrevivientes de agresión sexual, o simplemente proteger sus propios bolsillos, ciertamente no están protegiendo a nuestra comunidad”.
Jeff Rosen, fiscal de distrito del condado Santa Clara dijo que estas empresas “se resisten a asegurarse de que las agresiones sexuales en sus vehículos se informen a las fuerzas del orden”.
En San José, agencias de transporte como el VTA deben notificar cualquier caso de agresión sexual a la Oficina del Alguacil del condado Santa Clara, y todas las universidades y colegios comunitarios locales requieren que la policía debe "realizar una investigación criminal informada sobre el trauma, según corresponda”.
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Es importante destacar, que la medida propuesta por Liccardo no obligaría a las víctimas a denunciar la agresión, solo requeriría que las empresas informen a los denunciantes que tienen derecho a negarse a responder cualquier pregunta planteada por las fuerzas del orden.
