Juez decidirá fecha de juicio por homicidio de Kathryn Steinle

SAN FRANCISCO – Un juez de San Francisco decide si programas una fecha para un juicio por homicidio en contra del inmigrante indocumentado que disparó contra una mujer en Pier 14, incidente que se ha convertido en el foco del debate nacional sobre inmigración.

Una audiencia preliminar está programada a continuar el jueves.

Juan Francisco López Sánchez, de 45 años, se declaró no culpable de cargos por homicidio, aunque admitió que disparó la bala que cobró la vida de Kathryn Steinle, mientras esta caminaba junto a su padre.

López Sánchez dijo que encontró la pistola semiautomática calibre .40 debajo de una banca en Pier 14 y esta se disparó de forma accidental cuando la recogió.

Expertos en balística testificaron la semana pasada que la bala rebotó del concreto e impactó mortalmente a Steinle en la espalda. El arma fue robada de un auto de un oficial de la Oficina de Administración de Tierras en el centro de San Francisco.

El incidente desencadenó un debate nacional sobre la política de inmigración de Estados Unidos y las políticas de ciudad santuario de cientos de municipalidades alrededor del país.

Antes del tiroteo, el Departamento del Alguacil de San Francisco liberó a López Sánchez de la cárcel luego de que la fiscalía desestimara un caso por posesión de marihuana de hace 20 años. López Sánchez fue liberado a pesar de una orden federal de retención mientras oficiales decidían si comenzar un proceso de deportación por una sexta vez.

San Francisco y otras 300 ciudades y condados han pasado leyes locales de no cooperación con oficiales federales de inmigración que buscaban detener a reclusos sospechosos de no tener documentos.

El alguacil Ross Mirkarimi dijo que estaba siguiendo los protocolos de la ciudad cuando López Sánchez fue liberado.

La familia de Kathryn Steinle y sus abogados presentaron tres reclamaciones por separado buscando compensación por daños no especificados de la Oficina de Administración de Tierras, el Departamento del Alguacil de San Francisco y el Departamento de Seguridad Nacional.

Las tres agencias se negaron a comentar sobre las reclamaciones, que son percusores de demandas.

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