David Chiu, representante de la asamblea estatal por San Francisco, introdujo el miércoles un proyecto de ley que protegería de la deortación a las personas que cumplieron condenas penales.
La propuesta de ley AB 1259 ampliaría un proceso existente de apelaciones posteriores a la condena a los inmigrantes acusados que no estaban al tanto de las consecuencias migratorias que enfrentarían al ser acusados o condenados por juicios con jurado del algún delito.
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“No deberíamos separar familias y deportar a personas que han pagado su deuda con la sociedad después de condenas inválidas”, dijo Chiu. "Este proyecto de ley mantiene unidas a las familias, garantiza que la ley se aplique por igual y protege el derecho constitucional a un juicio por jurado".
La ley actual de Estados Unidos considera algunos delitos como delitos “deportables” e incluye muchos delitos que no son violentos.
En California se han reportado una serie de casos de alto perfil de inmigrantes transferidos repentina e inesperadamente a ICE después de cumplir largos períodos de encarcelamiento por condenas penales.
La ley actual sostiene que una condena es legalmente inválida si un acusado desconoce las consecuencias migratorias adversas asociadas con la condena, pero durante muchos años, no hubo un proceso legal para anular estas condenas. Esto dejó a muchas personas vulnerables a la deportación y la detención a pesar de haber sufrido una condena inválida.
Este proyecto de ley ampliaría esta oportunidad de alivio posterior a la condena a aquellos condenados por juicios con jurado, asegurando que la ley se aplique por igual y que las personas no se desanimen de ejercer su derecho constitucional a un juicio con jurado.
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“AB 1259 ofrece un cambio de procedimiento simple a un remedio existente posterior a la condena, pero su impacto cambiará la vida de los miembros de la comunidad inmigrante que actualmente están excluidos de los tribunales de California cuando enfrentan la deportación o barreras a la naturalización debido a condenas de jurado antiguas e inválidas”, Dijo Jennie Pasquarella, Directora Estatal de Derechos de los Inmigrantes en la ACLU del Sur de California.
En 2016, el Proyecto de Ley 813 de la Asamblea se convirtió en ley, creando un proceso de alivio posterior a la condena para que un acusado presente evidencia de un defecto legal en su caso penal. El defecto legal podría incluir una prueba de que el acusado no entendió de manera significativa las consecuencias migratorias de alegar un cierto cargo. Sin embargo, este proceso solo está disponible para quienes celebran acuerdos de declaración de culpabilidad, no para quienes persiguen juicios con jurado.
