Los líderes de la ciudad de San José decidieron esta semana extender una moratoria sobre los desalojos y acordaron considerar ampliar las protecciones de la ciudad a los inquilinos durante la pandemia de coronavirus.
El Ayuntamiento votó el martes para extender la moratoria sobre los desalojos residenciales hasta el 31 de mayo y considerar un plan que agregue múltiples medidas de protección para los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus.
Las protecciones ampliadas para inquilinos incluirían prohibir a los propietarios amenazar a los inquilinos con el desalojo si esos inquilinos no pueden proporcionar evidencia de su incapacidad para pagar el alquiler.
También incluiría una congelación de los aumentos de renta por el resto del año.
La concejal Magdalena Carrasco escribió en un memorando que el plan de la ciudad hace mucho más para proteger a los inquilinos que la prohibición de desalojo en todo el estado.
"A pesar de la emisión de las órdenes de la corte esta semana, algunos residentes han recibido una amenaza de desalojo de los administradores de la propiedad por falta de pago de la renta. Esto probablemente se está produciendo como resultado de la falta de información y un panorama legal en rápida evolución", escribió Carrasco. "Aún así, tiene el potencial de ocurrir como una forma de obligar a los inquilinos a desalojar la propiedad o hostigarla, que es lo que algunos de nuestros residentes han informado".
Como parte del plan, Carrasco recomendó lo siguiente:
Local
• Evitar que los propietarios envíen un aviso de desalojo a un inquilino si tienen razones para saber que el inquilino está siendo afectado por COVID-19.
• Evitar que el propietario desaloje a un inquilino porque el inquilino ha sido infectado o sufre COVID-19, con el pretexto de otra razón viable para el desalojo, como la mudanza del propietario, incumplimiento del acuerdo o una molestia relacionada con COVID-19.
• Después de que un inquilino haya recibido un aviso del arrendador, permita que el inquilino tenga hasta 7 días para proporcionar un aviso informándole al propietario que COVID 19 los ha afectado.
• Proteger a los inquilinos que no pueden proporcionar documentación relacionada con COVID-19 a los propietarios contra el acoso y las represalias.
La congelación del aumento de la renta, propuesta por el concejal Raúl Peralez, cubriría unas 49,000 residencias, incluidas aproximadamente 10,000 casas móviles, y permanecería vigente hasta el 31 de diciembre, según Mercury News.
Se espera que el consejo vote sobre la protección ampliada de los inquilinos el 21 de abril.
