El dinero de ayuda de COVID-19 del gobierno federal podría ayudar al condado Contra Costa a brindar un mejor servicio a su población penitenciaria.
Esa decisión se tomará el martes cuando la Junta de Supervisores vote para decidir si agregan o no 23 alguaciles adjuntos y un teniente para trabajar en el centro de detención de Martínez.
Agregar dicho personal a la instalación costaría $ 11.7 millones, lo que podría reclamarse a través de la Ley CARES.
Las leyes CARES también se conocen como la Ley de seguridad aérea, de alivio y económica del coronavirus y se crearon para abordar las consecuencias económicas de la pandemia.
Si se aprueba, estos puestos en el centro de detención de Martinez serán parte de la respuesta COVID-19 en todo el sistema carcelario.
Los oficiales se utilizarían para apoyar los servicios de salud mental obligatorios dentro de la cárcel, lo que permitiría a los reclusos más tiempo fuera de la celda y visitas generales al tiempo que mantienen un entorno seguro.
