El jueves se reunió por primera vez el comité especial del condado de Alameda, creado para responder a las nuevas políticas de la administración Trump, especialmente relacionadas a inmigracion.
La reunión del comité "Juntos Para Todos" se extendió por más de tres horas. Allí se hizo presente Yesenia Sanchez, la sheriff del condado de Alameda, quien confirmó que ya fue contactada por el gobierno federal en relación a operativos de inmigracion.
Nos dijo que le preguntaron específicamente si podían usar la cárcel de Santa Rita para llevar a los detenidos, lo cual ella negó, consistente con las políticas de no colaboración con ICE. Especificó además que las autoridades federales no les informan a ellos cuando van a hacer un operativo de inmigracion.
“Creo que piensan que hay un riesgo de que compartiremos esa información, por eso no lo hacen”, agregó Sanchez.
Como resultado de esta reunión se acordó comprometer $3.5 millones de dólares para apoyar diferentes iniciativas, por ejemplo $500,000 dólares serán para capacitación en la comunidad sobre derechos legales.
“Para entrenar a personas civiles, para entrenar a empleadores a que sepan los derechos y responsabilidades que tienen con sus trabajadores. Va a ser para los vecindarios para que gente se organice en su calle, y diga pues esta calle va a ser una calle organizada contra la migra”, dijo Cinthya Muñoz Ramos con la oficina de la supervisora de Nikki Bass.
Otros $700,000 dólares serán para apoyar la línea telefónica de la red de respuesta rápida del condado de Alameda, el único donde no hay una. Aunque se reactivará el 17 de febrero, esperan poder abrirla parcialmente una semana antes, ante la necesidad.
Local
“La comunidad está en temor y está reportando una serie de actividad que no es ICE.
Así mismo habrá más dinero para que organizaciones comunitarias tengan abogados.
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Defensa legal que es de más tiempo, a veces toma de dos meses a años el poder defenderse contra una deportación, entonces queremos tener $1 millón de dólares a ese trabajo”, dijo Lourdes Martinez, abogada del Centro Legal de la Raza.
Para que el defensor público haga lo mismo con inmigrantes dentro del sistema penal, se asignará otro $1.2 millón de dólares. Aunque hubo un par de llamadas en apoyo a la administración Trump, donde entre otras cosas, dijeron que los únicos que se deberían preocupar son los inmigrantes con antecedentes penales, en general hubo apoyo mayoritario a estas medidas. Los fondos tendrán que ser aprobados por el pleno de la junta de supervisores el 18 de febrero.
