La Oficina del Alguacil del condado Santa Clara arrestó a una mujer sospechosa de estafar a varios inmigrantes quienes confiaron en ella para realizar trámites migratorios que nunca se llevaron a cabo en San José.
Jasmine E. Sánchez se entregó el sábado a la oficina del alguacil y está a la espera de una futura audiencia en la corte, bajo sospecha de delitos que incluyen hurto mayor, robo con pretextos falsos y violaciones de la Ley de Asesores de Inmigración.
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Un residente del condado Santa Clara que afirmó haber sido estafado por un consultor de inmigración en San José se comunicó con los detectives de la Unidad de Fraude Notario de la oficina del alguacil en julio. La unidad investiga las acusaciones de fraude de proveedores de servicios de inmigración contra la comunidad de inmigrantes del condado de Santa Clara.
Después de iniciar una investigación, los detectives se enteraron de que una pareja le había pagado a Sánchez aproximadamente $ 5,000 para completar una solicitud de ciudadanía y visa, pero en el transcurso de cuatro años, la solicitud no se envió a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU.
Los detectives confirmaron en su investigación que Sánchez se había quedado con el dinero de las víctimas y no les brindó ningún reembolso.
Las víctimas dijeron a los detectives que debido a que sus documentos no fueron presentados, no pudieron salir del país para visitar a familiares enfermos.
Autoridades también fueron contactados por otro cliente de Sánchez, quien afirmó que le pagó aproximadamente $ 1,000 por una Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, también conocida como aplicación Dream Act.
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Los detectives confirmaron que Sánchez no había presentado la solicitud y no se le dio compensación a la víctima.
La víctima perdió una beca y la oportunidad de asistir a una escuela de oficios local porque no se habían presentado los documentos, dijo la oficina del alguacil.
Después de entrevistar a Sánchez en su oficina, los detectives determinaron que no se habían presentado los trámites de inmigración de las víctimas y que no se contaban las transacciones monetarias de los clientes.
Autoridades dijeron que Sánchez les dijo a los clientes y al alguacil que ella era una consultora de inmigración vinculada a la Secretaría de Estado de California. Los registros estatales, sin embargo, indicaron que Sánchez no estaba autorizada para realizar servicios de inmigración por la Secretaría de Estado o el Estado de California, dijo la oficina del alguacil. La documentación mostraba que el estado de California había emitido una carta de cese y desistimiento a Sánchez en 2018.
La Unidad de Fraudes de Notarios de la Oficina del Alguacil está pidiendo a cualquier persona que haya sido víctima de fraude de un proveedor de servicios de inmigración o que haya sido víctima de Sánchez que se comunique con los detectives del alguacil al (408) 808-4599.
