Grupos de defensa de derechos civiles celebraron un nuevo acuerdo legal que establece que autoridades deben tener en cuenta la capacidad económica de un detenido por inmigración al momento de imponerle una fianza para su liberación.
La demanda fue liderada por la Unión de Libertades e introducida contra el gobierno en el 2016.
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“Las agencias federales tienen que considerar si este inmigrante tiene la capacidad de pagar una fianza y sino tiene que bajar la cantidad”, dijo Amanda Alvarado, abogada y directora de La Raza Centro legal de San Francisco.
En el 2012, César Matías, uno de los demandantes en el caso, pasó 4 años detenidos porque no pudo pagar una fianza de $3,000.
“Cómo iba a salir sino tenía ese dinero, más sin embargo muchas personas que tenían dinero podían salir”, dijo Matías.
Según ACLU, este acuerdo protegerá a los inmigrantes de que les impongan fianzas astronómicas.
Parte de los argumentos de los abogados es que la Constitución prohíbe explícitamente que a una persona se le mantenga detenida, solamente por sus bajos recursos económicos.
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“Nadie debe estar encerrado porque no tienen el dinero para comprar su libertad, aseguró el Subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
El acuerdo también establece que, de considerarse las circunstancias financieras del detenido y su habilidad para pagar, la fianza no debe ser superior a lo necesario para asegurar que se siga presentando, e incluso se deben considerar alternativas a la detención como el monitoreo electrónico.
“Un problema muy severo que tenemos porque el sistema de encarcelar a la gente es un sistema privado y hay mucha gente y corporaciones quienes están ganando mucho dinero”, aseguró Alvarado.
Aunque el fallo solo se aplicará en California, abogados esperan que se amplíe a nivel nacional.
