Llega importante cambio en trámites migratorios

La abogada Alma Rosa Nieto habla sobre la medida que entra en vigor el 11 de septiembre.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés) negará toda solicitud que contenga erorres o le falten documentos, sin darle a los solicitantes la posibilidad de reenviarla correctamente.

La nueva modalidad de rechazo ''express'' entrará en vigencia el 11 de septiembre y, tal como explica la abogada Alma Rosa Nieto, no afectará a las peticiones que ya están en trámite.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó a sus oficiales que podrán negar las solicitudes y peticiones incompletas o erradas, sin tener que emitir primero una "solicitud de evidencia" (RFE, por sus siglas en inglés) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés). Con esto, la evaluación y decisión será totalmente a discreción del funcionario.

Este nuevo cánon de procedimiento no tendrá efecto para las solicitudes relacionadas al programa de Acción Diferida o DACA. Esto aplicaría para errores en los trámites y también para solicitudes a las cuales le falten soportes o documentos. 

Según el organismo, la idea es decantar adecuadamente las solicitudes. “Por demasiado tiempo, nuestro sistema de inmigración ha estado sobrecargado con reclamos frívolos o sin méritos que retrasan el procesamiento para todas las personas, incluidos los peticionarios legítimos. A través de este cambio de políticas necesario desde hace tiempo, USCIS restaura la discreción completa de nuestros oficiales de inmigración para denegar las solicitudes y peticiones que están incompletas o son inelegibles, presentadas para obtener beneficios de inmigración”, expresó el director de USCIS, L. Francis Cissna, en un comunicado.

Por su parte, la abogada experta en Inmigración Alma Rosa Nieto, indicó que podría tener duros efectos entre los solicitantes y recomendó que busquen asistencia legal antes de remitir cualquier pedido a Inmigración.

Según USCIS, esa medida complementa un memorándum del 2013 que de acuerdo a la institución "limitaba la aplicación de la discreción del adjudicador".

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