AUSTIN, Texas — Los legisladores republicanos de Texas propusieron un proyecto de ley que convertiría en delito grave estatal cruzar ilegalmente la frontera desde México y crearía una nueva fuerza policial fronteriza que podría reclutar a ciudadanos particulares, la más reciente de las continuas presiones del estado para poner a prueba los límites de la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles, activistas por los derechos de los migrantes y demócratas criticaron inmediatamente las propuestas, que empezaron a llamar la atención después de que el viernes venciera el plazo para presentar proyectos de ley en la actual sesión legislativa bienal de Texas.
“Creo que el hecho subyacente de que va a permitirle a la gente cuestionar nuestros (valores) de ser estadounidenses en nuestras comunidades fronterizas y en todo Texas es inaceptable”, dijo Victoria Neave Criado, representante estatal de Texas y presidenta de la bancada legislativa mexicano-estadounidense.
Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, los cruces ilegales se han disparado. Muchos migrantes se han entregado a los agentes de la Patrulla Fronteriza y han sido puestos en libertad en Estados Unidos para que den seguimiento a sus casos ante los tribunales federales de inmigración.
Las propuestas republicanas en la legislatura de Texas continuarían impulsando la misión fronteriza masiva de $4,000 millones del gobernador Greg Abbott, conocida como Operación Estrella Solitaria. Esto ha incluido que el gobernador aumente fuertemente la presencia policial cerca de la frontera con México, obstaculice el tráfico al implementar un incremento en las inspecciones de camiones comerciales, y construya más barreras a lo largo de la frontera internacional, en un reflejo de la promesa de campaña inconclusa del ex presidente Donald Trump.
Las medidas también han incluido ordenarle a los agentes que detengan a los migrantes que invaden propiedad privada y transportar en autobús a miles de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas, incluidas Nueva York y Washington D.C. Dichas iniciativas han atraído la atención hacia Abbott, que está sopesando postularse a la presidencia, según dicen algunos asesores suyos.
Los proyectos de ley presentados en esta sesión permitirían a una unidad de policía estatal de nueva creación arrestar, detener y disuadir a las personas que crucen ilegalmente a Texas, construir más barreras y mantener las existentes entre Texas y México, y devolver a los inmigrantes a México si se les detecta ingresando al estado.
Los agentes fronterizos estatales prestarían servicio bajo la dirección de un jefe, que sería nombrado por el gobernador. Según el proyecto de ley, que está sujeto a la aprobación de las dos cámaras legislativas del estado —controladas por los republicanos— antes de finales de mayo, el jefe podrá emplear a policías estatales y locales con licencia para que presten servicio en la fuerza fronteriza, al igual que a “ciudadanos respetuosos de la ley” que no tengan antecedentes de delitos graves.
A los ciudadanos particulares empleados en esa fuerza policial se les permitiría participar en “operaciones y funciones de la unidad” y gozarían de la misma inmunidad penal y de responsabilidad civil en el trabajo que los agentes con licencia. Pero no estarían autorizados a realizar arrestos, a menos que estén entrenados para ello y tengan autorización del gobernador, según la forma actual del proyecto de ley.
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Las personas detenidas por cruzar de manera ilegal a Texas se enfrentarían a penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta $10,000 por cada infracción.
La propuesta cita una cláusula de la Constitución federal sobre los poderes estatales cuando se enfrentan a una invasión y peligro inminente, y sigue a numerosas exhortaciones de exfuncionarios del gobierno del expresidente Donald Trump y jefes policiales de varios condados del sur de Texas para que Abbott declare lo que han llamado una “invasión” bajo esta cláusula.
Neave Criado dijo que el uso de palabras tales como “invasión” importa, y han sido usadas por ciertos individuos. Uno de ellos es el hombre del norte de Texas que condujo a El Paso y mató a 23 personas en una masacre con móviles racistas.
El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, el republicano Dade Phelan, indicó en un comunicado que “abordar la crisis fronteriza y humanitaria de nuestro estado” es una prioridad. Phelan dijo que la policía fronteriza propuesta, así como una propuesta para crear una Comisión Legislativa de Supervisión de Seguridad Fronteriza —que proporcionaría recomendaciones de política de seguridad fronteriza, supervisaría a la nueva unidad de policía y trabajaría para resolver problemas del sur de Texas_, eran una “cuestión que debe ser aprobada”.
La oficina de Abbott no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles y demócratas del estado denunciaron rápidamente la iniciativa. La propuesta también atrajo comparaciones con una “prohibición a las ciudades santuario” de 2017 que le permitía a la policía preguntarle a las personas cuál era su estatus migratorio, y amenazaba a los alguaciles y jefes de policía con penas de cárcel si se negaban a cooperar con las autoridades federales para hacer cumplir la ley de inmigración.
Esa propuesta se convirtió en ley, pero más tarde fue impugnada en los tribunales y está pendiente de resolución, según Alexis Bay, coordinador legislativo del programa Beyond Borders en el grupo activista Texas Civil Rights Project.
Bay dijo que los poderes y la inmunidad que se otorgarían a los ciudadanos privados que sirvieran en la fuerza fronteriza propuesta no se parecen a nada visto en la historia reciente de Texas.
“Está diseñado para generar actitudes racistas”, dijo el lunes a The Associated Press el presidente del Partido Demócrata en Texas, Gilberto Hinojosa. “Es algo simplemente horrendo”.
Una portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que la agencia no hace comentarios sobre propuestas de ley pendientes.
Las tensiones en la frontera con México siguen siendo altas. Durante el fin de semana, un video mostró a cientos de aparentes migrantes venezolanos pasando junto a miembros de la Guardia Nacional mexicana mientras intentaban cruzar un puente hacia El Paso, Texas, antes de que agentes estadounidenses les impidieran el paso.
Las autoridades informaron el domingo que al menos ocho personas murieron cuando dos embarcaciones de contrabando de migrantes naufragaron frente a la costa de San Diego, en una de las operaciones marítimas de contrabando de personas más mortíferas jamás llevadas a cabo frente a las costas de Estados Unidos.