LOS ÁNGELES - En 2019, Brandon McDowell fue contactado por una estudiante de segundo año de universidad que le pidió comprar Percocet, un analgésico de venta con receta.
Lo que el joven de 20 años le vendió en cambio fueron píldoras falsificadas mezcladas con fentanilo, un opioide sintético que puede ser mortal en una dosis tan pequeña como dos miligramos. Horas después, Alexandra Capelouto, también de 20 años, estaba muerta en su casa de Temécula, California.
Se trata de un escenario cada vez más común, ya que las sobredosis de fentanilo se han convertido en una de las principales causas de muerte de menores en los últimos cinco años, con más de 74,000 personas muertas en Estados Unidos por un opioide sintético en 2023, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
McDowell ha estado tras las rejas desde 2022 por una condena por posesión de fentanilo. Pero los Capelouto ahora ganaron una sentencia adicional de $5.8 millones en su contra por la muerte de su hija.
"Hemos ganado la batalla, pero no la guerra", dijo Matt Capelouto, el padre de Alexandra. "Todavía tenemos un largo camino por recorrer en términos de hacer que los traficantes de drogas rindan cuentas por las muertes", agregó.
Baruch Cohen, el abogado de los Capelouto, indicó que esta es la primera vez que un traficante de drogas ha sido considerado responsable civilmente por la muerte de alguien, según su conocimiento.
"Tenemos la esperanza de que esta sentencia sea el disparo que se oiga en todo el mundo, por así decirlo", mencionó Cohen. "Porque si impide que se produzca otro negocio de drogas, en el que el traficante… se dé cuenta de que, además de la pena de cárcel, es responsable de millones de dólares en daños, tal vez lo piense dos veces", opinó.
California
McDowell, que ahora tiene 25 años, se declaró culpable por primera vez en un tribunal federal de California en 2022 por posesión con intención de distribuir fentanilo, un cargo que conlleva una pena mínima de 20 años si está relacionado con la muerte o lesiones graves y es condenado por un jurado. McDowell fue sentenciado a nueve años de prisión.
El padre de Alexandra sintió que eso no era suficiente. Él y su esposa, a quien le diagnosticaron cáncer de mama en etapa cuatro ese año y ha estado luchando contra la enfermedad desde entonces, decidieron demandar a McDowell por homicidio culposo.
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"No fue una sentencia justa por quitarle la vida a alguien. Iba a buscar todos los medios posibles para asegurarme de que se hiciera justicia", expresó.
Mientras McDowell se declaraba en quiebra, los Capelouto obtuvieron una sentencia de aproximadamente $5 millones en su contra. El Tribunal Superior del Condado de Riverside determinó que vendió narcóticos dañinos con intención "maliciosa" que condujo a la muerte de Alexandra Capelouto. Unos meses después, los Capelouto presentaron otro caso en el tribunal federal de quiebras para asegurarse de que McDowell no pudiera escapar de su deuda en virtud de la bancarrota.
"La bancarrota está diseñada para deudores honestos, no para deudores delincuentes corruptos", dijo Cohen. "Esta sentencia lo perseguirá por el resto de su vida, y cuando gane dinero, se lo embargaremos. Cuando compre una propiedad, le pondremos un gravamen", aseguró.
El juez Mark Houle falló a favor de los Capelouto y ordenó una sentencia de $5.8 millones contra Brandon McDowell que incluye un año y medio de intereses además de la suma inicial.
Desde la muerte de su hija, Matt Capelouto fundó la organización sin fines de lucro Stop Drug Homicide para defender a las familias y presionar para que se promulguen más leyes que hagan responsables a los traficantes de drogas. Una de ellas es la Ley de Alexandra, que exigiría que se dé una advertencia formal a cualquier persona con una condena relacionada con las drogas para informarle de los peligros de traficar y que podría ser acusada de asesinato si distribuye sustancias que provoquen la muerte de alguien.
En California, puede resultar difícil para los fiscales acusar a los traficantes de drogas de la muerte de una persona, porque deben demostrar que el criminal sabía que las sustancias podían ser mortales, indicó Capelouto. Tener una amonestación en el expediente para los traficantes que han sido condenados por un delito relacionado con las drogas podría usarse como prueba en casos futuros si alguien muere a causa de las drogas que vendieron. La Ley de Alexandra está incluida en la Proposición 36, una medida electoral de mano dura contra el crimen que los californianos votarán en noviembre.
Capelouto también forma parte de un grupo de 60 familias que demandaron a Snapchat por su papel en la distribución de narcóticos letales. Alexandra Capelouto y Brandon McDowell se habían comunicado a través de Snapchat cuando ella le compró pastillas.
Justin McDowell, el padre de Brandon, dijo que es injusto que su hijo asuma toda la culpa. Indicó que el menor estaba luchando contra el abuso de drogas y había estado en rehabilitación, y que no vivía con él en ese momento porque los McDowell tenían hijos más pequeños.
"Mi hijo no es traficante de drogas en absoluto. Ambos eran consumidores. Ambos tenían una adicción. Era un chico estúpido de 20 años", señaló.
Justin McDowell dijo que sentía que los Capelouto buscaban venganza a través de sus demandas y que no tenía el dinero ni los recursos para luchar en nombre de su hijo en los tribunales. Brandon McDowell estaba detenido en la prisión federal de San Pedro durante la demanda y no tenía abogados para defenderse en el tribunal civil o de quiebras.
"Creo que es triste, no se debería permitir. Esperaremos a que salga de prisión, le daremos un abrazo y averiguaremos cómo lidiar con la situación… el chico nunca ganará $5.8 millones en su vida", sentenció.
Matt Capelouto dijo que no había evidencia de que su hija estuviera adicta a las drogas, y que la adicción de Brandon McDowell no lo exime de responsabilidad por su muerte.
"Cuando pasas de consumidor de drogas a traficante de drogas, cruzas la línea entre necesitar ayuda y tener que rendir cuentas", concluyó.