Una ex empleada de Fannie Mae en Irvine fue sentenciada a 76 meses en una prisión federal el martes por dos cargos de fraude electrónico.
Shirene Hernández, de 47 años, de Corona, fue declarada culpable en febrero de cargos federales de fraude relacionados con sobornos que recibió de los corredores a cambio de ventas con descuento de propiedades y listados de bienes inmuebles propiedad de Fannie Mae, según Nicola T. Hanna, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Hernández también recibió la orden de renunciar la propiedad que obtuvo como resultado de su conducta criminal, según Ciaran McEvoy, oficial de información pública de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Hernández era un representante de ventas de Fannie Mae, la compañía controlada por el gobierno que ayuda a proporcionar dinero para el mercado inmobiliario de los Estados Unidos mediante la compra de hipotecas residenciales y paquetes de esos préstamos para la venta a los inversores.
Desde 2010 hasta 2015, asignó propiedades de propiedad federal a corredores de bienes raíces y aprobó las ventas de las viviendas en función de las ofertas que los corredores presentaron, a menudo a precios reducidos para ella y los corredores que pagaron sus sobornos, dijo McEvoy.
Durante ese tiempo, Hernández recibió sobornos, principalmente en forma de pagos en efectivo por un total de más de $1 millón, y asignó listados a miembros de la familia, que recibieron casi $2 millones en comisiones en menos de tres años, dijo McEvoy.
Como parte del plan, Hernández compró una propiedad del listado de Fannie Mae en Sonoma que ella era responsable de vender. Rechazó ofertas más altas a precios de mercado a favor de su propio precio por debajo del mercado.
La propiedad fue comprada por intermediarios, luego transferida a su cuñada, quien pagó la propiedad con $286,450 en efectivo escondido en una bolsa de lona, una cantidad muy inferior al precio de mercado de la propiedad, dijo McEvoy.
La propiedad fue alquilada y Hernández cobró el alquiler. Se le ordenó renunciar a la propiedad perteneciente al gobierno de los Estados Unidos.
