El esfuerzo de años de activistas y organizaciones rindió fruto en Richmond luego de que concejales aprobaran la semana pasada una ordenanza que impone un control de rentas—la primera ciudad de California en 30 años en implementar este tipo de legislación.
Pero una reunión el martes por la noche, en la que se esperaba que los concejales ratificaran la votación de la medida, culminó de forma abrupta, reportó el diario Contra Costa Times. Y es que el alcalde Tom Butt, opositor de la ordenanza, no quiso extender la reunión más allá de las 11:30 p.m.
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Bajo la ordenanza, que se espera entre en vigor el 1 de diciembre, los dueños de propiedades construidas antes de 1995 solo podían aumentar los alquileres una vez al año y solo entre un 2 y 3 por ciento, en base al incremento del costo de vida.
La legislación también establece que además se necesita una causa justa para efectuar un desalojo.
Es necesario que ambas partes de la ordenanza sean ratificadas por medio de una votación adicional para convertirlas en ley.
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La ausencia de una votación podría complicar la forma en que la ley sea implementada antes del 1 de diciembre.
Ninguna ciudad de California ha adoptado este tipo de medidas en las pasadas década, por lo que Richmond podría convertirse en un precedente para otros lugares plagados por la crisis de vivienda asequible.
