Clinton: alguacil de San Francisco ignoró "evidencia"

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    EFE

    SAN FRANCISCO -- Hillary Clinton dijo que oficiales de San Francisco cometieron un error al liberar al mexicano que ahora se encuentran en medio de un debate nacional sobre inmigración.

    Juan Francisco López Sánchez está acusado de homicidio en primer grado por el tiroteo que cobró la vida de Kathryn Steinle el 1 de julio en Pier 14. Steinle, de 32 años, se encontraba caminando con su padre en la popular atracción de San Francisco.

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    López Sánchez ha sido deportado en cinco ocasiones, y oficiales de inmigración pidieron al alguacil de San Francisco mantenerlo bajo custodia luego de que los cargos de droga fuese desestimado para que lo deportaran en una sexta ocasión.

    En una entrevista con CNN, Clinton dijo que el alguacil ignoró una “evidencia fuerte” de que Sánchez tenía que haber sido entregado a oficiales de inmigración y deportado.

    El alguacil argumentó que una política de la ciudad, considerada “santuario” para inmigrantes, requería que Sánchez fuese liberado luego que los cargos locales que enfrentaban fuesen desestimados.

    Legisladores criticaron a oficiales federales el martes por no deportar a López Sánchez, quien tiene un historial de múltiples cargos criminales.

    “Tenía una orden en su contra pero fue liberado para cometer un homicidio. Esto tiene algún sentido para ti”, dijo el senador republicano Ron Johnson, quien preside el comité de seguridad nacional y exigió conocer en una audiencia. “Porque te puedo decir que no tiene ningún sentido para el público estadounidense”.

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    Dianne Feinstein, senadora demócrata de California y originaria de San Francisco, hizo pública su oposición a las acciones del alguacil, y sugirió que oficiales en San Francisco deben de cooperar con las autoridades federales.

    “La trágica muerte de Steinle pudo haber sido evitada si el departamento del alguacil hubiese notificado a ICE ante de liberar a López Sánchez, lo que hubiese permitido a ICE removerlo del país”, escribió la senadora.

    Cientos de jurisdicciones se rehusaron a participar del controversial programa Comunidades Seguras, que les permite a las autoridades federales pedir la ayuda de comunidades locales para detener a inmigrantes indocumentados que son arrestados por supuestas actividades criminales.