Alcalde pide a Mirkarimi cooperar con autoridades de inmigración

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    El Alcalde de San Francisco Ed Lee urgió al alguacil de la ciudad a cambiar una orden que cesa toda comunicación con autoridades federales en relación a las notificaciones de retención de inmigrantes indocumentados convictos de crímenes.

    A raíz del homicidio de Kathryn Steinle durante un presunto tiroteo al azar en Pier 14 perpetrado por un inmigrante indocumentado, Lee expresó a Ross Mirkarimi por medio de una misiva que la ordenanza de santuario de la ciudad le permite a agencia locales, bajo “ciertas circunstancias”, notificarle a oficiales de inmigración cuando un individuo va a ser liberado.

    En respuesta a la carta del alcalde, Mirkirami dijo en un comunicado el jueves que el pedido del alcalde plantea conflictos legales, reportó la cadena hermana NBC Bay Area.

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    “Esta tragedia apunta a la necesidad de claridad en cada nivel del gobierno”, dijo Mirkarimi. “El problema requiere una conversación abierta y honesta sobre el propósito legislativa y el significado de las ordenanzas en San Francisco y como estas se comportan con la ejecución de las leyes que llevan a la deportación”.

    Mirkarimi defendió en una conferencia de prensa la liberación de Juan Francisco López Sánchez, acusado de matar a Steinle el 1 de julio mientras esta caminaba junto a su padre por la concurrida área de Embarcadero.

    López Sánchez, quien se declaró no culpable, había sido liberado el 15 de abril ya que la Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no proveyó a su agencia una orden o mandato judicial que estipulara un proceso de deportación, solo una orden de retención.

    Mirkirami añadió que que una orden de retención de ICE es una solicitud para extender la detención “voluntariamente” y que si la agencia federal hubiese ofrecido una orden o mandato judicial, el alguacil hubiese acatado.

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    López Sánchez, de 45 años, había sido convicto por drogas repetidas veces y deportado en cinco ocasiones a su natal México.

    El homicidio de Steinle, de 32 años y residente de Pleasanton, agitó el debate de inmigración, con legisladores y líderes del partido republicano y demócrata exigiendo más cooperación entre autoridades locales y federales a la hora de lidiar con procesos de deportación.

    Jim Steinle y Liz Sullivan, padres de Kate, dijeron esta semana a Fox News que apoyan una propuesta de prisión obligatoria para personas que son deportadas y regresan a Estados Unidos de forma ilegal.