Después de la muerte de Kathryn Steinle en San Francisco, presuntamente a manos de inmigrante indocumentado convicto, para muchas organizaciones el gran temor es que los indocumentados pierdan protecciones.
Dos resoluciones irán al pleno de la junta de supervisores tras una extensa discusión sobre si la ciudad debe de cooperar con agencias de inmigración y hacer cambios a sus políticas de ciudad santuario.
Decenas de personas llegaron el jueves hasta un comité de la junta de supervisores en apoyo a una resolución del supervisor David Campos en contra de Priority Enforcement Program (PEP), que algunos argumentan es una forma maquillada del controversial programa de comunidades seguras, en donde autoridades locales colaboran con inmigración.
Pero otro supervisor, Mark Farrell, presentó una resolución que busca que Ross Mirkarimi, alguacil de la ciudad, retire un memorando que envió a su persona limitando el contacto de sus alguaciles con agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Para Farrell, esta resolución elimina el poder de discreción del alguacil.
“Darles discreción a nuestros oficiales es necesario, por la seguridad de nuestros residentes”, dijo Farrell. “Pero también es parte de su trabajo ejercerla”.
Para Grisel Ruiz, del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, retirar el memorando y aprobar la resolución de Farrell es peligroso.
“En quitar ese memo abres la puerta para comenzar inmigración”, dijo Ruiz. “Un poquito de cooperación hoy puede resultar en mucha cooperación más tarde”.
Los presentes explicaron que este tipo de reglas de colaboración con ICE traerá incertidumbre a la comunidad.
Local
Las resoluciones pasaron con modificaciones en el lenguaje que para algunos significa una fragmentación de opiniones sobre el tema.
“Lo que vimos es que San Francisco está dividida”, dijo Larissa Dugand-Cuadra, directora de la organización CARECEN.
Los supervisores coincidieron en apoya el estatus migratorio de la ciudad.
